Robo de esclavos

La campaña olimareña en épocas de la fundación

Secuestro de esclavos a mediados del siglo XIX

El desolado paisaje del este uruguayo, concretamente en los vastos territorios que hoy componen el departamento de Treinta y Tres, fue escenario durante el siglo XIX de múltiples episodios de sangre, ya sea en el marco primero de la gesta artiguista, en las luchas por la independencia luego, en los confrontamientos internos o en las sucesivas invasiones luso brasileñas más adelante, hablando concretamente del plano militar, pero también en el plano civil ocurrieron hechos que narrados hoy, cualquier lector desprevenido podría tomarlos como sucedidos en alguna novela de la conquista del Lejano Oeste norteamericano, cambiando gauchos por “cow-boys”.

Partidas de malhechores más o menos numerosas, “matreros” solitarios o en conjunto, milicias de cualquiera de ambos bandos en conflicto coyuntural, eran dueños y señores de las amplias praderas y serranías, a pesar de -o quizá a consecuencia- de la reducida cantidad de poblaciones establecidas en la zona, sumado a los muy pocos establecimientos o estancias existentes, ya que eran pocos latifundistas los propietarios de tan vasto territorio.

Tal como se menciona en los argumentos para la fundación de nuestra ciudad, en el extenso trecho desde Minas hasta la incipiente   Melo, o hasta la fronteriza ciudad hoy denominada Río Branco, de casi 60 leguas, a mediados de siglo no existía ninguna población digna de ese nombre, tan solo algunos caseríos más o menos desperdigados: algunas postas de diligencia que servían asimismo de parada a las caravanas de carretas tiradas por bueyes que traían los productos de primera necesidad a la zona, y algunas estancias y “puestos” que apenas salpicaban intermitentemente el paisaje.

Por ejemplo, uno de los grandes problemas que acuciaban a la campaña uruguaya una vez terminada la “Guerra Grande”, en octubre de 1851, lo constituían las bandas y partidas formadas como consecuencia de la desmovilización de la soldadesca, y el estado calamitoso en que había quedado luego de más de una década de guerra la campaña oriental, diezmada de ganados y pobladores.  Centenares de brasileros fundamentalmente venidos de Rio Grande, se venían instalando en los departamentos fronterizos, sobre todo en los del norte y este del país ya desde los tiempos de la Guerra de los Farrapos (1835-1845), al punto que en 1851, cuando las únicas poblaciones fronterizas del Norte uruguayo eran Tacuarembó y Melo, y en el Este, la hoy Río Branco y la villa de Rocha los territorios de la frontera norte eran estancias en su mayoría propiedad de brasileños.

Un censo de los propietarios brasileños en la frontera ordenado en 1850 por el gobierno imperial reveló la situación: frontera del Chuy, 35 hacendados con 342 leguas cuadradas, 154 propietarios en Cerro Largo y Treinta y Tres, en el distrito de Cerros Blancos 87 estancieros con 331 leguas, en Arapey grande y chico, cuchilla de Haedo y Cuareim 281 propietarios. La lista general de propietarios brasileños en la frontera revelaba la existencia de 1.181 propietarios que sumaban 3.403 leguas de campo, es decir casi 8 millones y medio de hectáreas. (DA COSTA FRANCO, Sergio. 2001. Gentes e coisas da fronteira sul. Porto Alegre)  ¡¡¡Más de la mitad de las 16 millones de hectáreas que componen el territorio nacional!!!

En nuestro país, ya desde la propia constitución de 1830 se proclamaron los primeros intentos abolicionistas, luego en  1841 el gobierno de Rivera había aprobado la primera liberación de esclavos, hecho que se complementó desde el gobierno del Cerrito con la emancipación decretada por Oribe. A pesar que esta última declaraba que “desde 1814 nadie pudo nacer esclavo en el territorio nacional” y que “desde la Jura de la Constitución no estaba permitida la introducción de esclavos”, no todos los afrodescendientes en nuestro país fueron liberados.

La mayoría de estancieros brasileños habían traído gran cantidad de esclavos y los avatares de la guerra y las concesiones que hubieron de hacerse a los “vencedores” brasileños, hacían que en la práctica, la esclavitud negra no había prácticamente cambiado su situación en la zona.

Sin embargo, existían en el territorio nacional al final de la Guerra Grande, gran cantidad de afrodescendientes libres, ocupando puestos de trabajo asalariado o viviendo en pequeñas poblaciones “de negros” o minifundios desparramados por casi toda la campaña. A ellos se sumaban, casi constantemente, decenas de esclavos que aprovechaban las coyunturas bélicas para fugar a territorio oriental , principalmente de Río Grande del Sur donde aún persistía la esclavitud colonial en todo su apogeo (en Brasil recién fue abolida en mayo de 1888).

Mientras tanto, los estancieros brasileños habían logrado evadir las leyes de abolición uruguayas, ingresando sus “negros” con formas de esclavización encubiertas bajo el genérico y amplio nombre de "contratos de trabajo" de 15, 20 y más años de plazo (Barrán y Nahum, 1971), que jurídicamente tenían validez pero que en la práctica era la continuidad del suplicio de  quienes volvían a su calidad de esclavos al retornar a tierras brasileras.

Así estaban las cosas en las épocas de la fundación de Treinta y Tres a este respecto. En 1853, el todavía presidente Giró, atento a esta situación, aprobó una ley limitando estos contratos, liberando a los niños nacidos de las personas ingresadas mediante ese sistema, y declarando piratería el tráfico de esclavos.

Como consecuencia de todo esto que hemos detallado, uno de los “negocios” de los bandidos fronterizos, era venir a tierras uruguayas a “cazar esclavos” y llevarlos a Río Grande para venderlos o retornarlos a sus “dueños” originales a cambio de una recompensa. Casi impunemente, bandas de estos “cazadores” recorrían leguas y leguas en busca de sus botines.

Registros de reclamos diplomáticos entre ambos países, dan cuenta con creces de lo común que era en una época esta práctica, inclusive destacando que había distintos grupos con diferentes “especializaciones”: estaban quienes capturaban a todas las personas de color que pudieran, los que solamente se dedicaban a “robar” niños y bebés nacidos libres por ley en nuestro país para anotarlos como hijos de esclavos en Brasil y así convertirlos en esclavos “legales” brasileros, o también los que secuestraban solamente hombres y mujeres en su plenitud laboral, despreciando a niños y ancianos y muchas veces abandonándoles a su suerte.

En su libro “Antes y después de la Triple Alianza”, Luis Alberto de Herrera da cuenta de varias de estas situaciones acaecidas en nuestro actual departamento.

En efecto, entre los múltiples reclamos que hace el gobierno de la época al de Brasil, se encuentra por ejemplo el caso de “Domingo Carvallo”, “negro libre de entre 50 y 60 años” arrebatado de un puesto de la estancia del coronel Marcelo Barreto el 24 de marzo de 1854, por una banda compuesta por los brasileros Feliciano do Povo Novo, Marcelino, Firminio y Albino. Según pudieron averiguar las autoridades uruguayas y que consta en la reclamación, Carvallo fue llevado a la ciudad de Río Grande, donde puso evadirse de sus captores para refugiarse en el Consulado uruguayo de esa ciudad, quienes elevaron el caso a la justicia brasileña. Ante ella, Carvallo narró sus peripecias, haciendo hincapié que sus raptores habían asesinado además a otro negro que se resistió a ser capturado. El reclamo de la cancillería uruguaya, finaliza pidiendo explicaciones, destacando que “los criminales plenamente identificados no habían sido ni eran perseguidos” y que “la Legación tiene conocimiento que Carvallo continuaba en su depósito de esclavitud, sin haberlo devuelto al territorio uruguayo”.

Otra de las reclamaciones mencionadas por Herrera referidas a sucesos acontecidos en esta zona, dice textualmente que: “El 4 de enero de 1850 fue salteada en la Costa del Olimar la casa de la mujer Anacleta Olivera, por José Saraiva (vecino de Moscardas) acompañado por Martín Chavarría y tres individuos de la familia Silveira vecinos de Carpiva. Se apoderaron de Anacleta Olivera, la amarraron y la colgaron de las manos de las maderas del techo de la casa, dejándole allí y robándose a sus tres hijos: Inés Josefa, de 13 años, Cleto Marcelino, de once e Higinio, de tan solo siete años”. “Apoderados de estas criaturas – continúa la reclamación-, se embarcaron en canoas y descendieron el Olimar y después el Cebollatí y entraron en la Laguna Merin viniendo a desembarcar con sus presas en la Capilla del Taulin. En ese lugar pusieron en venta a los tres infantes”.

Según prosigue relatando el documento, la propia madre tras librarse de sus ataduras siguió la pista de sus atacantes en pos de rescatar a sus hijos, pudiendo encontrar a uno de ellos, que rescató y trajo de retorno a su casa, conociendo por su relato no sólo todos los detalles de lo vivido por ellos, sino la filiación de los autores del crimen, a quienes denunció ante las autoridades brasileñas con el respaldo del Cónsul uruguayo. El escrito continúa reclamando “conocer el destino de los otros dos hijos de Anacleta y restituirlos a su madre” y además exige de las autoridades brasileras “el cabal cumplimiento de su deber, evitando que queden impunes los autores, bien conocidos, de esta barbarie”.

Por otra parte, existen también casos en los que nunca más se supo nada de las víctimas, como por ejemplo el del secuestro el 20 de abril de 18 58, de la afrodescendiente oriental, Emilia, de 30 años, y sus dos hijos menores que solo se supo que fueron trasladados a Jaguarón, al igual que el del “moreno” Juan Vicente, nacido en Cerro Largo de vientre libre, soldado en el ejercito oriental al mando del capitán Gutiérrez, y que sirviendo como policía fue capturado por una partida del ejército brasileño que se retiraba en 1852 (al finalizar la Guerra Grande) y conducido por el capitán Oroño a una casa también situada en Jaguarón.

Estos son solamente algunos ejemplos bien documentados de este tipo de hechos, aunque la prensa nacional denuncia decenas de casos similares en toda la frontera uruguayo-brasileña hasta por lo menos la década de 1860.