casos curiosos del nomenclátor olimareño

Urrutia, Oliveres y Escudero: vaivenes, injusticias y ninguneo

                                                               

                                                            Sin ningún lugar a dudas, el escribano Lucas Urrutia fue un hombre de una personalidad fuerte y que al cabo de su vida cosechó tanto amigos incondicionales como enemigos irreconciliables, y esto no es novedad para nadie que se haya asomado a la historia treintaitresina, de la que Urrutia fue protagonista y referencia ineludible.

                                                                  Son múltiples los episodios de los cuales es centro principal el mencionado Urruria, ya como indudable gestor y motor del progreso y crecimiento treintaitresino en los primeros 45 años de vida de nuestra población, así como arte y parte en negocios y comercios, y –no podía ser de otra manera- en lo que tiene que ver con una nutrida actividad política y de gobierno.

                                                              Llegó a Treinta y Tres joven (17 años) y pobre en 1855, a trabajar como dependiente del comerciante Miguel Palacio, y apenas 7 u 8 años más tarde, en 1863, año en que se casó, además, ya era propietario de varias acciones de la Sociedad Fundadora del pueblo, como él mismo afirma en su testamento, lo que supone que en ese corto lapso había logrado la independencia económica y los fondos suficientes para comenzar a capitalizarse. Se recibe de Escribano Público en 1866 y con la obtención del título se intensifica su meteórico enriquecimiento, al tiempo que también crecían proporcionalmente su poder político e influencia. Además de sus actividades comerciales y profesionales, desempeña varios cargos públicos, ya como actuario del juzgado, o como funcionario de la administración municipal. Es muy recordado a nivel local,  cuando en la época que se dependía administrativamente del departamento de Cerro Largo, redacta el “Informe a la JEA de Cerro Largo”, donde hace un somero racconto de las actividades realizadas por la administración municipal a su cargo, cargo que ostenta en varios períodos, siendo el último de ellos ejercido a partir de 1894, en que preside la Junta Económico Administrativa (JEA) del novel departamento de Treinta y Tres, del que sin dudas es uno de los principales impulsores, ya que sin su insistencia e influencia con seguridad nuestro departamento no existiría.

                                                                     Fue también como decíamos al principio adorado y odiado por la población: sumamente combatido, sobre todo por sus enemigos políticos y por los muchos descontentos que cosechó en su periplo de negociados y ambiciones, casi tanto como venerado y adulado por sus correligionarios y “amigos”, al punto que aún en la plenitud de sus vida, cuando apenas había cumplido los 50 años de edad, se nomina una calle con su nombre: la paralela a la actual Gregorio Sanabria, que era donde terminaba la cuadrícula urbana en esa época, designando con el nombre de Lucas Urrutia la siguiente demarcada hacia el sur fuera de esos límites.

                                                                    Pocos meses después, según un expediente encontrado en el Archivo General de la Nación, fechado en  junio de 1893, el entonces presidente de la Junta Económica Administrativa, Gabriel Trelles, solicita permiso del gobierno central para sustituir su por el aún no usado de “General Rivera”, que es el que se designa y hasta hoy permanece. El planteamiento habla por si mismo, cuando expresa textualmente, dirigiéndose al Ministro Bauzá: 

                             La H. Corporación municipal que tengo el honor de presidir, ha facultado al infrascrito para recabar del Ministerio de V.E. la superior autorización tendiente a variar el nombre indebidamente colocado a una calle extra perimetral. Dicha calle, por una anomalía propia del señorío local y personal que viene desde hace tiempo soportando este departamento, con mengua de todos sus inalienables derechos lleva el nombre de “Lucas Urrutia”, que forma una nota del todo discordante en la escala de los próceres de nuestra independencia cuyas calles perennizan sus augustos nombres.

                              Siendo las vías públicas una propiedad absolutamente nacional cuya nomenclatura debe sujetarse a las disposiciones legales que en ningún caso pueden amparar el hecho de eternizar nombres oscuros para que la memoria venerada de nuestros abuelos se confunda en las mistificaciones vergonzosas de nuestros errores; siendo por otro lado que el señor Urrutia no está rodeado de esos merecimientos patrióticos que solo por actos meritorios y sacrificios se conquista la  luciente aureola de ciudadanos beneméritos de la Patria, es deber imprescindible de  esta Junta, relegar el nombre del Sr. Urrutia al fallo de la posteridad, quitarlo del medio de nuestros amados patricios, y sustituirlo brevemente por el del General Fructuoso Rivera o D. Venancio  Flores.

                                                                               Y le quitaron la calle a Urrutia, que a pesar que en la siguiente legislatura (1894) gana la elección municipal y preside la J.E.A. , no vuelve atrás esa decisión.

                                                                       Urrutia fallece sorpresivamente en 1897, aunque sus fanáticos y detractores no le olvidarán fácilmente.

                                                                       Muchos años después, en el marco de la conmemoración del cincuentenario del departamento, en 1934, como parte de los festejos las autoridades municipales nominan con el nombre de Lucas Urrutia al camino llamado “de la Agraciada”, que llevaba desde la ciudad hasta el cementerio “nuevo” a través de una alameda de eucaliptus (ambos impulsado por Urrutia). Algunos años después, nuevamente fue cambiado el nombre de esa vía de tránsito, que pasó a llamarse en su total longitud con el nombre del General Aparicio Saravia. Y nuevamente Urrutia quedó sin calle.

                                                                           Finalmente, sin seguridad de la fecha exacta, pero con certeza en el marco de las celebraciones del centenario de la ciudad, en 1853, nuevamente otra calle es nominada con el nombre de Lucas Urrutia, como se llama aún hoy la calle que pasa por el frente de la Escuela Nº 65 y por la Plaza de las Américas.

Francisco N. Oliveres

                                                                                 Nacido en Treinta y Tres en 1872 y bautizado en la parroquia lindera a la casa de comercio de su padre, “La Barcelonesa”, frente a la plaza 19 de abril, Francisco Nicasio Oliveres Queraltó fue no solamente un abogado exitoso, sino que también un productor rural de vanguardia, filántropo sin límites, historiador e investigador de primer nivel en el ámbito nacional y local, y partícipe e impulsor de los principales proyectos locales de principios de siglo XX. Presidente histórico de la sociedad Fomento y del Club Centro Progreso, lideró movimientos culturales de las más variadas disciplinas, y publicó diversas obras literarias y folletos. Integró y presidió en alguna ocasión el Instituto Histórico y Geográfico Nacional, integró la Sociedad de Historia y fue también activo agente en el rescate de la historia departamental. Su obra más importante en el área de la Numismática, aún se considera por los especialistas como material de consulta ineludible.

                                                                           Durante las primeras décadas del siglo XX, su quinta de frutales “Las Delicias”, luego fraccionada para formar el actual barrio del mismo nombre, fue paseo obligado de la sociedad olimareña, y la  avenida de ingreso a la casa habitación, totalmente plantada de palmeras, se convirtió en la Avenida de las Palmas recientemente designada con el nombre del General Líber Seregni.

                                                                          Oliveres, al fallecer sin descendencia en el año 1944, legó por testamento su establecimiento situado en la Quebrada de los Cuervos en parte(365 hás) para la Intendencia Municipal para la creación de la actual Zona Protegida, y el resto de unas mil hectáreas a Salud Pública (hasta hace poco Campo Huija, en manos del Ejército) Dejó legados importantes también en dinero y propiedades para el Hospital, Liceo Departamental y  Educación Primaria, dejando además todos sus documentos históricos al Archivo General de la Nación que mantiene un colección con su nombre, y su colección de monedas al Museo de la Moneda administrado por el Banco de la Republica.

                                                               Gracias a toda su importancia y el destaque de sus actuaciones, el Dr. Oliveres fue homenajeado por las autoridades municipales de Treinta y Tres, nominando por decretos aprobados en la Junta departamental tres calles en todo el departamento que llevarían su nombre: una en la localidad de María Albina, de la que fuera impulsor y de los primeros propietarios de terrenos, otra en Villa Sara, sustituyendo el nombre de calle Roma (la calle de ingreso a la Sociedad Fomento) por el de Francisco N. Oliveres, y en la propia ciudad, decretando que la calle Juan Antonio Lavalleja al norte de Joaquín Artigas se llamase con su nombre, como se puede ver en las copias de los decretos que acompañan estas páginas.

                                                                               A pesar que esos decretos existen y están vigentes, dos de ellos no se han cumplido nunca por parte de la Intendencia, ni siquiera para confeccionar correctamente los planos. La calle Roma de Villa Sara sigue siendo Roma y Lavalleja es siempre Lavalleja y no cambia nunca de nombre. Solo en María Albina se respeta su nombre en el nomenclátor.

Dr. Juan Antonio Escudero

                                                                                Menos conocido, seguramente, pero no por ello menos importante para la historia departamental es el doctor Juan Antonio Escudero, abogado de orígenes olimareños con su actividad profesional centrada en Montevideo, que resultó pieza fundamental en todos los proyectos de progreso de fines del siglo XIX y comienzos del XX.  Dueño de gran parte de lo que hoy es el Barrio Artigas, tiene entre sus multiples méritos, por ejemplo, ser el donante de la Plaza de Deportes. 

                                                                                        Fue un incansable luchador por la evolución genética de las haciendas nacionales, formando parte de la Asociación Rural del Uruguay y en su calidad de representante para la zona, fue el impulsor de la reunión de productores y comerciantes que dieron lugar luego a la concreción de la mayor parte de los adelantos de la época: el Club Progreso, la primera biblioteca: la primera exposición Agropecuaria e industrial, el puente sobre el Olimar, la llegada del tren, etc.

                                                                                     La calle que comienza en Juan Antonio Lavalleja y termina en la plazoleta frente al Cuartel, durante mucho tiempo se llevó el nombre del prohombre olimareño, que fue cambiado para nombrarla con el actual nombre de Manuel Antonio Ledesma, que por entonces se creía que era el nombre del “Negro Ansina”. Hace años que se sabe que ese nombre no es correcto, que no pertenece a nadie, pero aún así se mantiene la injusticia de haber olvidado del nomenclátor a uno de los grandes hombres de la historia treintaitresina.

La otra versión de la fundación

La penca que creó a Treinta y Tres

                                                         Hay una historia que no es historia, anécdotas que toman vuelo y que quedan en cuento, una quimera devenida en mito, una ilusión convertida en esperanza…

                                                         Para muchos, Treinta y Tres y su crónica es un constante repetir de fechas y personajes. La “historia oficial” – y verídica, sin dudas,- cuenta de la fundación de la ciudad, de las razones políticas, económicas y sociales de las que emanó la decisión propuesta por quien sabe quién, apoyada desde sus diferentes tribunas por los embanderados de la empresa Dionisio Coronel y José Reventós y hecha realidad por el gobierno nacional de la época encabezado por Giró.

                                                          La que también habla del decreto del 10 de marzo de 1853 como fecha oficial, de la previamente existente casa de comercio del español Miguel Palacios que se cuenta tomó como referencia el agrimensor Joaquín Travieso en la primera demarcación del terreno donde se erigiría el pueblo, que está cumpliendo oficialmente 171 años.

                                                          Pero hay otra historia, como en casi todos los aconteceres del pasado. Hay una historia “chiquita”, de tradiciones orales, de cuentos incomprobables, de tantas versiones como contadores tenga, que a mi –a veces-, me gusta recordar, para que no se apague esa llamita, en la que muchos no creen, en la que a muchos no les importa, pero que en mi opinión, tiene todo lo necesario para reflejar algunos aspectos de la idiosincrasia de este pueblo que hoy, muchos años después, conjuga modernidad con reminiscencias de su origen campesino, y empieza casi, casi, como un cuento de hadas…

Había una vez, en un tiempo muy lejano…

                                                                          Doña Teodora y don Frutos Medina Valdenegro eran dos de los hijos de don Juan Francisco Medina, quién ya en 1811 figura con extensa propiedad en lo que hoy es nuestro departamento, incluyendo, según un prestigioso libro, todo el territorio al noreste de la confluencia del Yerbal y el Olimar y hasta la Cañada de las Piedras.

Camilo, otro de los Barreto Medina

                                                                         Tras el alejamiento que suponemos por razones “amorosas” de don Francisco Medina (quien queda viudo alrededor de 1824 y se vuelve a casar y se radica en pagos de su nueva esposa) hemos de suponer que legado o testamento mediante, sus hijos heredan sus posesiones, y la pauta nos las dan algunas pruebas innegables: el Presidente Giró y su comitiva, en noviembre de 1852 al pasar por estas tierras en su viaje desde Minas a Melo, “hacen noche” en la casa “de D. Frutos Medina en las caídas del Yerbal”; y Doña Teodora es una de las integrantes de la “Suc. Medina”, que junto con la sucesión de Téliz fueron los vendedores de la “legua cuadrada” que se compra para la efectiva fundación de la ciudad.

                                                                         Ambos hermanos Medina, son casados con dos también hermanos Barreto. La esposa de Frutos, Graciana y el marido de Teodora, Marcelo.

                                                                         José Marcelino Barreto Ferreira, militar y estanciero, hombre de su época, había nacido en la ciudad de Minas un 26 de abril de 1795, y casado con  Teodora hizo casa en terreno de los Medina donde criaron a sus diez hijos, algunos de cuyos descendientes aún transitan en las calles olimareñas.

                                                                         En las cercanías de la llamada “Estancia del Banco”, a poco menos de una legua aguas abajo del “Paso Real” del Olimar, quedan vestigios de algunas ruinas de lo que se dice era su casa a mediados del siglo XIX. Marcelino (o Marcelo, que también así le llamaban) había seguido desde joven la carrera militar, según algunas versiones  en las luchas por la independencia criolla, alcanzó a cruzar los Andes con San Martín, y sus cualidades le permitieron  ganar prestigio al punto de constituirse en un caudillo de referencia en el pago,  cuando ya había ascendido a Coronel. Había ganados sus más recientes galones en la cruenta guerra civil que la historia ha designado como Guerra Grande, integrando las fuerzas oribistas, como también lo hizo el también entonces Coronel Dionisio Coronel, quien a su vez, también caudillo de amplio prestigio, llegó a ser jefe militar de la zona y político de amplia trayectoria.

Entre colorados y tordillos

                                                                               Cuenta la leyenda, que comienza a entremezclarse con la realidad, que Dionisio Coronel y Marcelino Barreto se conocieron en tiempos de guerra, cuando uno de ellos andaba solo y era perseguido por una patrulla de enemigos, y el otro, no importa cual, sin saber quién era y viendo la despareja persecución, fue rápidamente en su ayuda, enfrentando sorpresivamente a los perseguidores y logrando que éstos, al ver llegar ayuda, desistieran de sus propósitos, consiguiendo ambos salvar sus vidas, pero con el alto costo de la pérdida de una de las monturas de los caudillos, un “colorado mala cara” del que su dueño estaba muy orgulloso de su calidad y rapidez, y que se comentaba que era el caballo más corredor de la zona. El lamentarse de esta pérdida y las chanzas del otro sobre la lentitud del animal siniestrado poniendo énfasis en que un “colorado” no le podía ganar a un “tordillo” como el de él, se cuenta, fue el detonante para que los dos amigos se retaran a una carrera donde se demostrara la clase y sangre de los “créditos” de cada criador.

Colección Besnes e Irigoyen - Biblioteca Nacional

                                                                           Tras la primer penca que se corrió a los pocos meses entre el tordillo sobreviviente y una potranca colorada hija del colorado perdido en la contienda, el ganador otorgó la revancha para el año siguiente en la casa de su contrario, lo que dio inicio a algunos años de carreras anuales, que según algunas versiones coincidentes, terminaron de consolidar una amistad “de fierro”, incuestionable, entre ellos, pero que por la misma personalidad de ambos caudillos, no escapaba a una cruda competitividad, que canalizaron mediante una esas carreras anuales de pingos de los que ambos eran fanáticos y orgullosos criadores y compositores.

Año a año, entonces, una vez en la estancia de Dionisio Coronel en las cercanías de Melo y al año siguiente en la casa de Marcelino Barreto y Teodora, enfrentaban sus mejores pingos, entre chanzas, tomaduras de pelo, apuestas y festejos. Con el tiempo, estas ocasiones fueron concitando cada vez más público, y anunciadas con tiempo se convirtieron en motivo de reunión popular, congregando vecinos, amigos y curiosos…

                                                                           Las carreras, se hacían en primavera. Concretamente en octubre,

                                                                           Un año que era el turno de Barreto de organizar la carrera en la pista de sus campos a orillas del Olimar, parece ser que se empezó a juntar gente desde mucho antes de la fecha pactada, y se iban acomodando en campamentos improvisados, a la espera de la esperada competencia en las proximidades de la “cancha” que no era otra que la senda que llevaba al Paso del Olimar.

                                                                           Pocos días antes de la fecha fijada, llegaron los huéspedes, el Coronel Dionisio Coronel con su comitiva integrada por la familia, empleados y su cuerpo de guardia, acompañado además de algunos amigos entre ellos el cura Reventós.

Dionisio Coronel en 1864

                                                                           Y en eso empezó a llover… y la lluvia fue postergando la cosa, entre cancha pesada por el barro y crecientes, la cosa se fue dilatando un par de meses, y en ese tiempo algunos hicieron algún rancho de barro, otros, aripucas de fajina, algunas enramadas con reparo de cueros. Los mercachifles que habían venido a ofrecer sus mercancías pasajeras habían instalado “comercio” de venta y trueque, y hasta el cura Reventós, aprovechando que en la estancia de Marcelino y Teodora había un oratorio, hizo buena la oportunidad para extender su actividad pastoral, realizando casamientos, bautismos y misas, aprovechando la multitud concentrada.

                                                                          Según un magistral cuento del eximio narrador olimareño José María Obaldía, al cabo de algunos meses finalmente se realizó la esperada penca en la cual el zaino colorado de Dionisio Coronel le ganó con lo justo al tordillo de Barreto. Cuando éste un par de días  después fue a acompañar al melense y su comitiva, en la partida hacia sus pagos, cuenta Obaldía que al hacer una pausa en la cima de la cuchilla para abrazarse en la despedida, y mirando hacia el valle donde aún persistían las precarias construcciones de público y comerciantes,  Dionisio Coronel le dijo: 

- “No te podés quejar, Barreto… te pelé en las carreras pero te dejé un pueblo armado”…

Las balsas y los transportes en el siglo XIX

Cruzar una carreta cargada equivalía en precio a 20 hombres a caballo

Los pasos, sus peajes y funcionamiento en 1895, según nuevo informe de Urrutia

En el Treinta y Tres aldeano de fines del siglo XIX, época en la que se publicaron -como los atentos lectores recordarán hemos comentado en anteriores ediciones-, los informes y memorias de los gobernantes departamentales de 1994, sin dudas una de las problemáticas acuciantes de la administración pública, de las muchas que se tratan en ambas publicaciones referidas, es el del transporte de personas y mercaderías.

                                                                            En efecto, Lucas Urrutia, en su calidad de presidente de la Junta Económico Administrativa (J.E.A.) de Treinta y Tres, y redactor de la Memoria de dicha repartición, ya a principios de año realiza una precisa descripción de la situación de cada uno de los pasos importantes del departamento que influyen directamente en las comunicaciones de nuestra ciudad capital con el resto del país.

                                                                            Al respecto, Urrutia comienza su reseña realizando algunas consideraciones generales de la situación en la época, que nos ilustra detalladamente la problemática, señalando que “desgraciadamente no existe todavía en este departamento puente de clase alguna, sin embargo de ser sin duda alguna, el que está cruzado por más ríos y arroyos que ningún otro de toda la república, como que limita con la Laguna Merín a donde desaguan todas las vertientes del lado Este de la Cuchilla Grande donde estamos situados.

                                                                            Tenemos el río Olimar y el arroyo Yerbal a inmediaciones de este pueblo cuyo pasaje se hace en balsas y en botes. El Paso del Dragón de Tacuarí, camino de esta Villa a Artigas, donde también se usan iguales medios de transporte. El Paso de Techera en Cebollatí, camino de aquí al departamento de Rocha donde hay un solo bote, lo mismo que en el Paso de la Laguna de Olimar, y Paso de Vergara en el Parado; pues unas chatas viejas que existen en estos tres últimos pasos no pueden dar servicio en razón de hallarse en pésimo estado. Y por último tenemos el insignificante Paso de Carpintería en Olimar chico, cuyo pasaje se hace en bote.”

                                                                                 Tras esta somera enumeración de los pasos, el informe de la J.E.A. pasa a detallar las problemáticas y situaciones particulares de cada uno, deteniéndose en detalle y extensión en el paso real frente a esta ciudad, sin lugar a dudas por ser el que influye más directamente en la vida cotidiana de la Villa de la época.

                                                                                  En ese sentido, se informa que cuando la Junta actuante entonces asumió, había un pleito pendiente entre la administración popular y don Dionisio Vaco, “propietario principal de las balsas” que realizaban el paso de bienes y pasajeros. Urrutia puntualiza en el informe que en aras de solucionar el diferendo, se convocaron las partes en cuestión (Vaco, el fiscal y representantes de la propia J.E.A.) y tras algunas negociaciones “en ese comparendo se acordó que quedaba rescindido el contrato, dejando a salvo los derechos de terceros que se considerasen perjudicados con el procedimiento”, aclarando que “esto ocurría en el mes de abril y quedaba la Junta en estado de poder contratar libremente el derecho de peaje con cualquier persona”.                                                                                        Más adelante, el informe explica que “se hicieron todas las gestiones posibles para conseguir que alguien hicieses el servicio por el impuesto de peaje establecido en la Ley del 27 de junio de 1881, pero no fue posible”. Continua luego señalando que “en este paso hay tres balsas de diferentes dueños, pero todos ellos están en perfecto acuerdo, y por más llamados que se hagan a propuestas para hacer el servicio, ni los dueños de esas balsas ni ningún otro se presentará a hacerlo con el arancel que determinan las leyes vigentes, y cada día nos encontraremos con mayores dificultades para dicho servicio: la estación de invierno se aproxima y de un momento a otro nos veremos en serias dificultades”

                                                                                      Las diferencias entre el arancel que estipulaba la ley debería cobrarse en los pasos nacionales para el servicio de balsas y barcazas, y las pretensiones de los balseros del Olimar, se subsanó elaborando de mutuo acuerdo una tabla de precios que contemplara todas las posiciones en pugna, que quedó finalmente confeccionada de la manera que se transcriba a continuación:

Arancel del servicio de peaje en Paso del Olimar

Por cada carreta con hasta 5 yuntas de bueyes, el conductor,

su caballo y 1.500 kilos carga............................................................... $ 2.00

Por cada carreta con todo lo dicho sin carga....................................... $ 1.00

Por cada carreta, con productos agrícolas y frutos del país................. $ 1.20

Por cada carro, el conductor y caballos con 700 kilos de carga.......... $ 0.80

Por cada carro con todo lo dicho, sin carga......................................... $ 0.40

Por cada carruaje con 3 o más caballos con pasajeros........................ $ 0.80

Por cada carruaje con 3 o más caballos sin pasajeros......................... $ 0.40

Por cada breack con 3 o más caballos con pasajeros........................... $ 0.60

Por cada breack con 3 o más caballos sin pasajeros............................ $ 0.30

Por cada carro tirado por 1 ó dos caballos, con carga........................ $ 0.30

Por cada carro tirado por 1 ó dos caballos, sin carga......................... $ 0.20

Por cada pasajero y su caballo............................................................. $ 0.10

Por cada pasajero a pie........................................................................ $ 0.06

Por cada cabalgadura con carga......................................................... $ 0.10

Por cada animal vacuno, caballar o porcino........................................ $ 0.06

Por cada 100 animales lanares o cabríos............................................. $ 1.50

Por cada 100 kilos que se transporten de peso sin vehículo................. $ 0.20

El servicio extraordinario cuando el rio está fuera de caja o de

cauce, se hará mientras puedan funcionar las balsas sin peligro,

por doble precio, exceptuando los rodados que pagarán siempre

lo mismo mientras no haya peligro.

Cuando el río tenga mil metros o más de anchura, el servicio

se hará en grandes botes y se cobrará:

Por cada pasajero con su caballo ensillado.......................................... $ 1.00

Por cada pasajero a pie........................................................................ $ 0.50

Por cada 25 kilos de peso..................................................................... $ 0.20

El servicio será solo obligatorio desde la salida hasta la puesta

del sol. Fuera de estas horas, se cobrará el 50% más de lo establecido.

                                                                                                  Las mencionadas diferencias, además, llevaron a que el propio Jefe Político Antonio Pan, que se había visto directamente involucrado en la confección de este arancel junto a un grupo de transportistas, comerciantes y demás autoridades de la Villa, realizara la propuesta de adquirir una balsa en propiedad de la Junta y explotarla con recursos propios cumpliendo el tan necesario servicio, lo que ameritó una tajante respuesta del Urrutia, quien argumentando en contra historió que “la Junta ya ha sido propietaria de la balsa del Paso del Olimar.                                                                                                   En el año 1868 se le concedió a Dionisio Vaco el derecho a la explotación del paso hasta mayo de 1879, en que lo entregó con una balsa que quedaba siendo propiedad de la Comisión Auxiliar. Entonces se ensayó la explotación del peaje con aquella balsa y botes por cuenta de la referida Comisión y se vio que no daba resultado alguno”. Los principales argumentos esgrimidos por Urrutia, eran la dificultad de “encontrar  persona idónea y competente que se encargue de esa clase de trabajos y que de cuenta exacta de lo que recauda”, y el hecho que “el paso se badea sin hacer uso de balsas ni botes lo menos ocho meses en el año” y por lo tanto solo se generaría ganancias durante cuatro mese en el año, debiendo mantener el servicio a la orden todo el tiempo.

                                                                                                  Finalmente, completando el capítulo referente al paso del Olimar, Urrutia afirma que una vez llegado a acuerdo con los balseros de explotar el servicio con el arancel acordado, y habiéndose arreglado el derecho de explotación con un 10% para las arcas de la J.E.A., en tres meses y medio transcurridos de la temporada invernal, ingresaron por ese concepto a las arcas municipales $ 233,05, “evitando pleitos y disgustos que no hacen sino postergar el progreso local y aumentar el malestar”.

Paso del Yerbal

                                                                   El lo que tiene que ver con el Paso sobre el arroyo Yerbal, el informe indica que “este paso que se encuentra también frente a nuestro pueblo apenas estará crecido 60 días en el año. Lo recibimos contratado por el término de tres años a contar desde el 12 de junio del 93, don Doroteo Mota, con la garantía de don Juan A. Acosta, a pagar 80 pesos mensuales que fueron pagados los de la primer anualidad a la firma del contrato”

                                                                   Acto seguido relata que “el señor Mota, acusado de un homicidio, fue remitido a la Penitenciaría y su fiador Acosta propuso retirar la fianza y se aprovechó la oportunidad para concluir con don Félix Olivera, propietario de la ribera derecha del Yerbal, en el paso de que se trata, un pleito que también había iniciado la Junta Anterior, por supuesta obstrucción del paso. El señor Olivera, interesado en el contrato que se había celebrado con Mota, prohibía a éste el uso de la rivera más allá de lo que la ley le obliga a dar en el paso; renunciado Mota y su fiador a favor del señor Olivera, como lo hicieron a pedido de esta junta, se arregló el diferendo y el uso de la rivera de una manera perfecta y conveniente para el servicio público”.

                                                                     Con respecto a los demás pasos de relevancia donde existían en aquella época servicios de peaje de paso, el informe señala:

Paso Vergara en el Parado

                                                                   El día 1º de Julio de 1893, la Junta saliente enajenó el derecho de peaje de este paso en favor de don Alfredo Arnaud, por espacio también de tres años, a razón de $61.56 anuales.

Paso de la Laguna en Olimar

                                                                  Según contrato de 1º de Setiembre de 1893, la junta anterior enajenó el derecho de la explotación de este paso a favor de Manuel Acosta por espacio también de tres años, a razón de $ 33.70 anuales, siendo las otras condiciones iguales a las precedentes.

Paso de la Carpintería en Olimar Chico

                                                                  Este paso de insignificante importancia, donde apenas hay una canoa, lo tienen contratado por la Junta anterior los señores Izmendi y Saiz, a razón de 8 pesos al año. Vence ese contrato el 1º de Setiembre, y para esa fecha se volverá a llamar a propuestas.

Paso de Techera en Cebollatí

                                                                  Como este paso se halla en el límite con el departamento de Rocha, la Junta de aquel departamento lo tiene contratado desde el 1º de enero de 1903 por tres años, y los tres subsiguientes le corresponderán a esta Junta.

Paso del Dragón en Tacuarí

                                                                  “Este paso se halla bajo la jurisdicción de la Junta de Cerro Largo, según resolución del Poder Ejecutivo de Abril 28 de 1885”. A este respecto informa que en desde esa fecha “se encuentra contratado con don Plácido Rosas, por medio de escritura pública autorizada por el Escribano de Gobierno y Hacienda por 8 años, que vencieron en 1892. Desde que ese contrato venció no hay razón alguna para que aquella Junta tenga el uso y derecho exclusivo de aquel paso, sino que debe distribuirse por partes iguales entre uno y otro departamento limítrofes, como se resolvió al respecto con el Paso de Techera, limítrofe con el departamento de Rocha. Es lo justo y equitativo”, concluye, anunciando gestiones para obtener el aprovechamiento para Treinta y Tres “por los próximos once años”.

Crónica roja del siglo XIX

Asesinato en Rincón de Ramírez

                                                  Los “mercachifles", típicos comerciantes que desde la época colonial recorrían la campaña a pie o en carretas vendiendo sus mercancías, fueron muy comunes en el paisaje uruguayo hasta bien entrado el siglo XX.

                                                 Hasta la proliferación de las pulperías o almacenes de ramos generales que además fueron sitio de reunión de cada pago o paraje, estos mercaderes ambulantes fueron los únicos en llevar, muchas veces a riesgo de sus propias vidas y bienes, las vituallas para los habitantes de las despobladas tierras de la Banda Oriental.

                                                 Cuando las bandas de matreros fueron desapareciendo, y con la población en épocas de paz de la campaña olimareña que tuvo su cenit principalmente en el último tercio del siglo XIX, floreció el mercachifle, primero de nacionalidad italianos y luego, al despuntar el siglo XX, de la península arábiga cada vez en mayor proporción, los famosos “turcos” como se les denominaba popularmente a todos los procedentes que aquella zona.

                                                “Mercachifle” quiere decir “mercader que chifla”, o que vocea sus productos o actividad para enterar a los vecinos, rasgo mayoritariamente urbano característico del vendedor ambulante, aún subsistente en el pito del afilador que, cada tanto, todavía se escucha en los barrios de nuestra ciudad. En realidad, el mítico mercachifle que se adentraba en la inmensidad de los campos no lo era en ese sentido, dado lo absurdo de vocear en medio de las soledades.

                                                 Muy al paso su carromato se acercaba a las estancias y a los puestos, envuelto en coros de ladridos. Ofertaba herramientas y objetos para el hogar, textiles y hojalatería: alpargatas, bombachas, camisas, pañuelos, sombreros y boinas. Y también rastras y botas para los lujosos, el consabido tabaco; zarazas, percales, hilos y agujas para las mujeres y, entre éstas, para las más presumidas, adornos, baratijas, cintas, pañuelitos bordados, perfumes y, ya en el ápice del refinamiento, el tan apreciado jabón de olor.

                                                Bien al contrario de ahora, en aquel tiempo la gente que trabajaba en el campo también lo habitaba y sólo muy a las cansadas se movía hasta el pueblo; el “turco” resultaba, pues, imprescindible nexo no sólo para obtener productos, sino, asimismo, con el conjunto de la vida social. Admitía, por ejemplo, llevar recados y tomar encargos como traer el periódico o cosas que se le comisionaba comprar. Su regreso periódico instauró, a la vez, la modalidad inicial del pago en cuotas.

                                               Muchos de ellos se enriquecieron y prosperaron con pingües mecanismos de ganancia, fundamentalmente el préstamo de dinero a tasas de usura, factor de rápido enriquecimiento en el marco de una economía escasa de circulante, o de la compra abusiva de frutos del país, principalmente cueros, lanas y cerdas, que tomaban en pago de sus productos.

                                             

    Uno de esos mercaderes que recorría la campaña olimareña en el entorno del 1890, era un italiano llamado Miguel Buralla, radicado en la localidad de Artigas (hoy Río Branco) quien centralizaba allí su actividad, siendo su zona de influencia primordialmente la zona este de los actuales departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.

                                                 Según archivos de la época, en el otoño de 1890, abril o mayo, el comerciante salió de la Villa Artigas en viaje relacionado con su actividad, habiendo desaparecido sin dejar rastros, y sin saberse con certeza su destino. El hombre fue intentado localizar durante algunos meses, sospechándose algún accidente o haber sido víctima de asaltantes, sin resultados positivos hasta que, al pasar del tiempo, su caso fue uno más de los destinos desconocidos de los pobladores de la época y si bien no olvidado del todo, si dejado de lado ante la inminencia de los acontecimientos.

                                                   Algunos años más tarde, asume la Jefatura Política y de Policía de Treinta y Tres don Antonio Pan, quien lleva a cabo una profunda reforma en la policía, fundamentalmente en lo referido a la titularidad de los comisarios, y a los métodos, procedimientos y recursos de los cuerpos seccionales de entonces. En ese marco, Pan nombra Comisario de la 3ª sección al comandante Bernardo G. Berro, hijo del presidente de la república homónimo y a la sazón administrador de una sociedad comercial con asiento en esos pagos del Rincón de Ramírez, quien fue celoso custodio de la seguridad pública, relevante investigador a causa de su claro raciocinio e inteligencia, e incansable perseguidor de maleantes, ladrones y asesinos.

                                                    Entre julio y agosto de 1894, por telegrama que complementa con una extensa misiva dirigida al Ministro de Guerra del gobierno nacional, Pan se ufana de haberse resuelto por orden suya el misterio del destino de Buralla, adjudicándose el mérito de haber ordenado a Berro la investigación del mencionado caso.

                                                     En efecto, el telegrama fechado el 24 de Julio comienza diciendo: “Me apresuro a comunicar a Ud. que desde junio último me preocupaba de esclarecer el misterioso asunto de la desaparición del súbdito Italiano Miguel Buralla, cuyo hecho ocurrió en la tercera sección de este departamento en el mes de setiembre del año mil ochocientos noventa. Hasta ahora permanecía sin aclararse ese misterio. Felizmente las pesquisas que ha verificado al respecto de acuerdo con mis instrucciones el señor Comisario de dicha sección Sargento Mayor don Bernardo G. Berro han venido a dar el éxito más satisfactorio”, y tras brindar datos generales del caso, Pan anuncia que por carta remitirá todos los detalles del suceso.

                                                    La carta, que transcribo textualmente a continuación y que también lleva la firma del propio Pan, constituye a mi juicio una excelente oportunidad de visualizar la realidad de una época distinta a la actual, con similares delitos pero más barbarie.

Primeras pesquisas y revelaciones

                                                    En mi viaje a la 3º sección, en junio último, ya por las ideas que he manifestado respecto a la criminalidad, ya por haber tenido ocasión de oír algunas relaciones sobre la desaparición de Buralla –relaciones que eran a pesar de su laconismo pequeños luminares que empezaban a disipar las sombras que como velo impenetrable ocultaban aquel suceso-, persistí en mi propósito de emprender los trabajos necesarios para conseguir su completo esclarecimiento.

                                                  Al efecto, di las instrucciones del caso y los datos que poseía al Señor Comisario de dicha sección, Sargento Mayor don Bernardo G. Berro, de cuya actividad y recto criterio esperaba obtener un éxito halagüeño.

                                                 Se sabía que la última casa visitada por Buralla fue la de Don José Amaro, socio de Don Juan A. Ramírez, establecido en el Rincón de Ramírez. No había noticia de que hubiera salido de allí a parte alguna, y una mujer llamada Rufina F. Cañas, que vivía en contubernio con Juan Bautista Viera, puestero en el campo de Amaro, no solo varias veces manifestó esa circunstancia, sino que reveló en sus conversaciones, que Buralla había sido muerto en lo del mismo Amaro.

                                                Entre los individuos que habían referido esas conversaciones de la citada mujer, se encontraba un hermano de ella, avecindado en el departamento de Cerro Largo, 3º sección,  y llamado Quintín Cañas.

                                              Con la adquisición de estos datos, coincidió una denuncia hecha al señor Berro por don Serafín Caetano, en los primeros días de este mes, de haber cometido un robo en su casa dicho Quintín Cañas, cuya prisión, en tal virtud, aquel empleado pidió a su colega de la 3º sección de Cerro Largo.

                                            Fue capturado Cañas y una vez en poder del Comisario Berro, éste le hizo prestar declaración ante el Teniente Alcalde respectivo. Cañas se declaró autor del robo y, además, habiendo sido interrogado sobre si sabía algo con relación a la desaparición del italiano Miguel Buralla, manifestando que por su hermana tenía conocimiento que en casa de Amaro fue muerto Buralla por Alfredo Rodríguez y Florencio Blas Iguiní, quienes lo habrían sepultado en la quinta, de donde fue sacado después el cadáver para ser echado en el río Tacuarí.

                                             Enseguida se hizo comparecer a Juan Bautista Viera, individuo que como he dicho, vivía en concubinato con la mujer Rufina F. Cañas. Viera hizo igual declaración a la de Quintín Cañas, agregando que él y su concubina jamás habían querido delatar el hecho, porque Amaro les dijo que si descubrían el crimen, que correrían igual suerte que el italiano.

                                             En vista de estas declaraciones, el señor Berro dispuso capturar a Alfredo Rodríguez, lo que pronto consiguió.

Detalles del crimen

                                              Lo mismo que a los anteriores, se tomó declaración a Rodríguez por la autoridad judicial competente. Este individuo, desde el primer momento, confirmó las declaraciones de Cañas y Viera y expresó los detalles del crimen.

                                             Esos detalles, que aparecen contestes en todas las declaraciones, son los siguientes:

                                             El 24 de mayo de 1890, al anochecer, llegó el italiano Miguel Buralla a lo de Amaro, siendo recibido en la cocina por Alfredo Rodríguez y Florencio B.  Iguiní. Con motivo de preparar una tropa, Amaro se hallaba ausente, pero, según asegura Rodríguez, antes de ausentarse les ordenó a ambos que mataran al italiano porque le iba a cobrar una cuenta de cuatrocientos pesos.

                                             Estando Buralla en la cocina, leyendo un libro, Rodríguez entró con un brazado de leña en el que traía oculta un hacha, con la que de atrás le dio un golpe en la cabeza, concluyendo por ultimarle con la ayuda de Iguiní.

                                           Sepultaron el cadáver en la quinta del mismo Amaro. Cuando este volvió, aprobó el asesinato y más tarde, ayudado por Juan B. Viera y su mujer, exhumó el cadáver y lo hizo arrojar al Tacuarí, sujeto a unos hierros de gran peso.

Los Presos

                                                    Para terminar las pesquisas y capturar a Amaro, el señor Berro se trasladó a la Villa de Artigas, Departamento de Cerro Largo, en donde hizo que la mujer Rufina Cañas declarara ante el señor Juez de Paz y la cual ratificó todo lo dicho expuesto por Viera y Cañas.

                                                   El comisario de allí, Sargento Mayor don Juan Derquin acompañó al señor Berro en las diligencias y lo auxilió para la mejor custodia de los presos, de una manera muy eficaz.

                                                  Capturado Amaro, el señor Berro, no pudiendo hacer lo mismo con Iguiní por hallarse en el Brasil, dio por terminadas sus diligencias y el día 22 llegó a esta Jefatura con los presos, quienes al día siguiente fueron puestos a disposición del Juez Letrado Departamental.

                                                 A pesar de este buen resultado, no han terminado aún esas diligencias. Espero descubrir algunos vestigios del crimen y para tal fin he ordenado que se practiquen prolijas exploraciones en el lugar del río Tacuarí en que se arrojó el cadáver de Buralla. Personas que conocen el lugar indicado, dicen que aún cuando allí el lecho del río es muy arenoso, tal vez se puedan encontrar los hierros a que estaba sujeto igual, -hierros que, aseguran algunos de los detenidos, eran objetos muy conocidos en la casa de Amaro.

                                                  He creído conveniente exponer con minuciosidad estos datos para hacer resaltar la extraordinaria actividad, acierto y empeño del Comisario Berro y por demostrar la importancia que tiene el descubrimiento del crimen y captura de sus autores que durante cuatro años han gozado de toda impunidad.

                                                  Debo advertir de paso que Florencio Blas Iguiní, que es el criminal que se halla en el Brasil, fue criado en casa de Amaro.

                                                   La opinión pública en general manifiesta su satisfacción por los resultados de tales pesquisas, y la colonia italiana me ha expresado su gratitud porque al fin se ha logrado conocer el verdadero fin de su compatriota y hacer recaer la responsabilidad de la ley sobre los que le dieron muerte alevosa.